El Registro
Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) dio a conocer que desde el 2007 al
último día del 2015 se tienen cuenta de 27 mil 659 personas con paradero
desconocido en México.
Del total de casos, 26 mil 670 casos están
registrados en el fuero común y 989 en el fuero federal. El informe destaca que entre 2014 y 2015 ha habido una tendencia a la baja, con
137 reportes menos de desaparecidos.
En el fuero común, en 2014 hubo 4 mil 624
reportes y en 2015 fueron 3 mil 300 casos reportados, lo cual representa una
disminución del 33%.
En materia federal Guerrero encabeza la
lista de estados con más personas desaparecidas (ver reportaje), seguido por Veracruz y Tamaulipas. En el fuero común es
Tamaulipas el primer lugar con 5 mil 583 personas desaparecidas de las que se
tiene registro; le sigue el Estado de México y Nuevo León.
EL 23.8% de los casos del fuero común
están comprendido por personas que van de los 0 a los 19 años. De los 20 a 40 años se presenta el
grueso de la tendencia con 56.2% del total (15 mil un reportes). Víctimas de 50 años o más
representan el 9.6% de los
registros.
El RNPED precisó que la fecha de corte de
los registros es al 31 de octubre del año pasado, pero los resultados están
integrados con el fuero federal y estos tienen una fecha de corte al 31 de
diciembre de 2015.
Desde agosto del 2006 hasta octubre del
2015 se han encontrado 201 fosas clandestinas en el país. Sólo el 18 % de los
cuerpos de las víctimas han sido identificados.
En el proceso en el que se buscaba a los
43 normalistas de Ayotzinapa, se
encontraron en el municipio de Iguala 63 fosas que contenían los restos de 82
hombres y 51 mujeres. De ellos se
han identificado a 16.
Como consecuencia de esta situación, en Guerrero, las madres de los desaparecidos se han convertido, de un día para otro, en “mamás” de sus propios nietos. Mujeres maduras han debido hacerse cargo de hijos que perdieron a sus padres. Las casi 400 personas que ya no están y que hasta ahora registra el organismo Los Otros Desaparecidos de Iguala no son las únicas víctimas: también lo son los niños que la delincuencia organizada dejó en la orfandad y que al cuestionar sobre el paradero de sus padres, reciben respuestas como: “tus padres se fueron a trabajar al cielo”.
Para las organizaciones civiles, como la CMDPDH, la cifra puede ser mucho mayor si se toman en cuenta los migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano y aquellos casos que no se han denunciado, sobre todo en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
Frente a este número hay otro que muestra la impunidad que impera en estos casos. Por el delito de desaparición forzada de personas sólo se han registrado seis sentencias, según información entregada por el gobierno mexicano al Comité de las Naciones Unidas. Esto explica que ya existan casos en que “la justicia se busca fuera de México” ante la falta de respuestas de las autoridades.
Periodistas, una población vulnerable
Según un reporte de la asociación en
protección de periodistas Artículo 19,
en los pasados 12 años han desaparecido 23 periodistas en el país. En todos esos casos se tiene indicio de
que las autoridades probablemente participaron o toleraron esos actos.
También se señala que en todos esos
casos, los periodistas realizaban labores de investigación en temas de delincuencia
organizada, corrupción, impunidad y narcotráfico, así como los posibles
vínculos entre este y funcionarios públicos.
En los estados de Veracruz, Tamaulipas y
Michoacán se concentran la mayor parte de los casos. 15 de los 23 han ocurrido
ahí, es decir el 65 por ciento. El
resto se divide entre Guerrero,
Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y Tabasco, indica el
informe.
“Sostenemos que la mayoría de las desapariciones son forzadas en tanto no
se descarte este supuesto en las investigaciones”, abunda el documento.
Las razones de este comportamiento están relacionadas entre sí, apunta la
organización: los casos en su totalidad han quedado impunes; se desconoce el
paradero de las personas por deficiencia en su búsqueda, localización e
identificación y las autoridades casi siempre desestiman que las víctimas
ejercen el periodismo como una causal.