Gracias a un caso judicial poco vigilado en California, la política de
inmigración del gobierno de Obama enfrentará una sacudida la próxima semana, y
el fallo de la corte podría tener repercusiones en la campaña presidencial de 2016.
El tema en cuestión es, en esencia, si es legal encerrar a mujeres y niños
que han cruzado la frontera ilegalmente, lo cual ha sido parte de la respuesta
del gobierno ante la crisis de menores no acompañados del verano pasado. Los
abogados de algunas de estas familias demandaron al gobierno, y el mes pasado,
una jueza de distrito de Estados Unidos en Los Ángeles emitió un fallo
tentativo, cuyo resumen fue obtenido por Newsweek,
y en el que afirmaba que la política del gobierno viola un acuerdo establecido
en un caso de inmigración de 1997, Flores
v. Meese.
La jueza Dolly Gee dio 30 días a ambas partes para negociar un acuerdo que
haría que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas
en inglés) de Estados Unidos liberara a los menores y a sus padres de los
centros de detención familiar donde están recluidos. El plazo de 30 días
concluye el domingo 24 de mayo.
La jueza emitió un auto de reserva, por lo que es “Muy difícil saber
si habrá un verdadero acuerdo” antes del 25 de mayo, señala Denise Gilman,
directora de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Texas, que ha propugnado la liberación de los inmigrantes
mientras aguardan las decisiones petición de asilo. Pero Gilman afirma que, aun
si el gobierno de Obama y los demandantes no llegan a un acuerdo, el statu quo
no permanecerá. Gee, dice, intervendría con una solución propia. Y Gee indicó
en su fallo tentativo que “la solución más lógica… consiste en liberar a los
hijos con sus madres,” como lo resumió Gilman.
La detención y deportación de cientos de miles de inmigrantes
indocumentados por parte del gobierno de Obama sigue siendo un tema espinoso
para los activistas en favor de los derechos de los inmigrantes y de la
comunidad latina, incluso después de que el presidente concedió una suspensión,
mediante un decreto del ejecutivo, beneficiando a millones de personas que
llegaron a Estados Unidos en su niñez y aquellas que tienen hijos que nacieron
en ese país y, por lo tanto, son ciudadanos estadounidenses. La práctica de
detener a miles de mujeres y su hijos (sólo hay madres e hijos en estas
instalaciones, y la mayoría de ellos huyeron de las pésimas condiciones de vida
en América Central) en compuestos semejantes a fortalezas ubicados en Texas y
Pensilvania, algunos de ellos durante meses enteros, ha provocado una reacción
particularmente poderosa.
Los grupos a favor de los derechos de los inmigrantes han criticado intensamente esa práctica.En febrero, The New York Times Magazine publicó un mordaz artículo sobre el trato que
reciben las familias que permanecen en las instalaciones de ICE. A principios
de este mes, cientos de personas protestaron frente al más grande sitio de
detención, construido en Dilley, Texas, en diciembre pasado,pidiendo su clausura. Eso ha ayudado a
mantener el tema en el radar de los políticos.
El 15 de mayo, el líder de la minoría en el Senado Harry Reid emitió una
declaración en la que pedía poner fin a la práctica: “Detener a las madres
y a sus hijos que huyen de la pobreza extrema, de la persecución, del abuso y de
la violencia es inaceptable y se contrapone a nuestros valores más
fundamentales.” Martin O’Malley, posible candidato demócrata a la
presidencia y exgobernador de Maryland, fue incluso más lejos, pidiendo dar fin
a las detenciones de inmigrantes. Son “crueles, costosas y van en contra
de nuestros valores, especialmente para las familias,” se lee en untwit publicado el viernes por O’Malley. “Dirijamos
con nuestros principios y démosle fin.”
Hillary Clinton, la favorita del Partido Demócrata, no ha sido tan
enfática, pero denunció la práctica en sus comentarios sobre la inmigración en
Nevada a principios de este mes, diciendo en una mesa redonda: “No creo que
debamos poner a los niños y a las personas vulnerables en grandes instalaciones
de detención porque me parece que estarían en peligro.”
ICE no respondió nuestra solicitud para hacer comentarios, señalando que el
litigio está pendiente, y lo mismo ocurrió con la Casa Blanca. Sin embargo, en
el pasado, el organismo ha argumentado que la práctica ayudará a disuadir a
otros inmigrantes indocumentados y también que las madres podrían fugarse. Los
centros de detención, insiste ICE, son humanitarios y ayudan a mantener unidas
a las familias. Pero ni ese argumento nilas reformas anunciadas el 13 de mayo para mejorar la
vigilancia y las condiciones en los centros han tranquilizado a los liberales
ni a los activistas que desean que las instalaciones sean cerradas y que los
indocumentados simplemente sean vigilados para asegurarse de que se presenten a
las audiencias y en la fecha del tribunal. Estas personas preferirían el final
de las detenciones para todos los inmigrantes indocumentados, no sólo para aquellos
que llegaron a Estados Unidos como parte de la ola de niños no acompañados.
Ellos esperan que Gee, designada por Bill Clinton, obligue al gobierno a
reducir paulatinamente su programa de detención de familias a partir de la
próxima semana, liberando a las mujeres y a sus hijos y vigilándolos para
garantizar que asistan a sus citas en el tribunal y a sus audiencias de petición
de asilo. Ello sería un regreso a las prácticas del gobierno antes de 2014. Pero
ellos también quieren más.
La detención de familias de inmigrantes, señala Clara Long, investigadora
de Human Rights Watch, “forma parte de un elemento con políticas que
consiste en detener a personas que no necesitan ser detenidas”,
dificultándoles el acceso a abogados y a procesar solicitudes de asilo y
sometiéndolos a privaciones en general. Durante el régimen de Obama, el número
de inmigrantes indocumentados detenidos “continúa en ascenso”, afirma Gilman, y
alcanzó los 440,000 durante el año fiscal de 2013, de acuerdo con un informe de la oficina de rendición de
cuentas del gobierno. Long y Gilman esperan que la atención sobre
la detención de familias se extienda más ampliamente hasta la detención de
inmigrantes indocumentados en general.
Y los defensores de inmigrantes no tienen una mejor oportunidad de aumentar
la presión política que durante las elecciones de 2016, en las que ambos
partidos estarán ansiosos de buscar el voto latino. Hillary Clinton enfrentará
un escrutinio especial, ya que O’Malley ha puesto el rasero para los liberales
al argumentar a favor de dar fin a todas las detenciones.
El campo republicano ha tenido
poco que decir acerca de la práctica, lo cual no es de sorprender. Asumir una
línea dura sobre el tema de la inmigración ilegal es una postura ampliamente popular
entre los votantes principales del partido republicano. Pero la elección
general es una historia completamente distinta. Los grupos religiosos, que
constituyen un electorado clave, han estado entre aquellos que protestan contra la detención de
familias. Y los Republicanos necesitarán cerrar la brecha con los votantes
latinos en estados clave como Colorado y Florida para vencer a los Demócratas. Una
postura más flexible sobre las detenciones es una forma de demostrar algo de
“conservadurismo compasivo” y, sin duda, sería bien recibido en esas
comunidades, aunque probablemente no sea así con la base republicana.