Hay 26 estados que apoyan al juez federal de Texas, Andrew Hanen, en el rechazo a la petición que la administración de Obama hizo para que permita el desenlace de las acciones ejecutivas que el presidente aplicó en cuanto a la situación de inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
Las acciones ejecutivas, que darían protección a más de 4 millones de inmigrantes indocumentados, hubieran entrado en vigor el pasado 18 de febrero, pero se mantienen frenadas por la medida impulsada por los 26 gobiernos republicanos.
Los estados que apoyan a Hanen están de acuerdo con él en que las economías de los estados enfrentarán “daños concretos”, como por ejemplo el dinero que gastaran emitiendo licencias de manejo y documentos para los inmigrantes indocumentados.
El juez Hanen deberá dictaminar si mantiene la suspensión que ordenó el pasado 16 de febrero, o si acepta el pedido del gobierno federal para levantarla.